Derecho a las ciudades y espacio público en América Latina

Publicado originalmente en: Alma Máter No. 649. Universidad de Antioquia

Medellín, diciembre de 2015

Por: Jaime Zapata Villareal

La discusión sobre qué es espacio público, a quién pertenece y cómo se regula es un tema de agenda prioritaria en el continente. Así se pudo constatar en el coloquio “Derecho a las ciudades y espacio público en América Latina”, en el marco de la XXV Asamblea general del Consejo Latinoamericano de ciencias sociales. CLACSO, que sesionó en noviembre en Medellín.

Para Vladimir Montoya, director del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, el derecho a la ciudad “no es un derecho canónico ni constitucional ni algo que esté establecido, más bien es una constelación de derechos que ponen al ciudadano y su relación con el territorio en primer plano”.

La posibilidad de un espacio propio, como necesidad vital del ciudadano, es la raíz de un problema social antiquísimo y siempre vigente: la usurpación, el dominio arbitrario por parte del Estado y grupos terratenientes de grandes porciones de territorio.

“Los habitantes de las villa, en Buenos Aires, según el Estado Argentino, no tienen derecho a la ciudad, no se les puede urbanizar porque ellos son los culpables de la inseguridad. Eso es uno de los argumentos más deslegitimantes, de mayor peso para no oficializar estos espacios marginales y, a la larga, despojar a sus habitantes de ellos”, explica María Cristina Cravino, antropóloga argentina e investigadora sobre temas de política social y asentamientos urbanos en su país.

Contrario al caso argentino, en Puerto Rico, por ejemplo, se presenta el modelo de la Casa Taft, el cual, explica Marina Moscoso Arabía, una de sus impulsoras, “era una propiedad que había sido abandonada en la ciudad de San Juan hace más de 40 años. Lo que hicimos con unos vecinos del barrio fue apropiárnosla y convertirla en un centro cívico al servicio de los habitantes del sector.”

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Esta acto, explica Moscoso, más que un impulso de rebeldía fue “el legítimo derecho de una comunidad a desarrollar, en su espacio vital, un símbolo de cómo la propiedad es una construcción pública y plural, de quien la necesita y aprovecha; ya que lamentablemente en San Juan de Puerto Rico más que el derecho a la ciudad estamos hablando y peleando por el derecho a hacer ciudad, porque hace más de 70 años se abandonó el proyecto urbano y el gobierno se dedicó a suburbanizar”, aseguró.

En Colombia la situación del espacio y su apropiación tienen una estrecha relación con los conflictos políticos y sociales que han marcado la historia del país desde su conformación. Y esto lo evidencia Luis Berneth Peña, geógrafo urbano e investigador, quien pone de ejemplo Bogotá, ciudad donde vive, para plantear un término que engloba su perspectiva sobre espacio, paz, calidad de vida y seguridad: securonormatividad.

“Esta palabra proviene de una pregunta sobre si un espacio de seguridad es un espacio de paz; si esa consciencia de saberse dueño de un territorio opera en términos de tranquilidad para ese propietario; o si por el contrario es una carga, un motivo de conflictos y envidias con los demás”. explica Berneth Peña, para quien esta situación es el origen de muchos de los mayores problemas sobre el territorio y propiedad en Colombia.

En el caso de Medellín, Juan Fernando Zapata, investigador y miembro de la fundación Sumapaz, habla de un problema social que afecta el derecho al espacio vital de cierta población del país: el desplazamiento forzado externo e interno a causa de la guerra.

“En Medellín –expone Zapata –son más 250 mil desplazados externos y 30 mil internos que luchan por encontrar un lugar dónde vivir en las zonas marginales de la ciudad. Y en vez de recibir apoyo del gobierno local, lo que se ha visto es un despojo abrupto de más de seis mil personas de sus hogares improvisados, con malas soluciones de viviendas en solo mil casos”.

Zapata advierte que si bien este es un tema que atañe a todo el gobierno nacional y que muchas veces rebasa la posibilidad de acción de los gobiernos locales, sí cree, enfáticamente, que en el caso de Medellín “una gestión de ordenamiento territorial organizada serviría para generar equidad y mejoramiento integral de barrios como algo prioritario para la ciudad”, en lugar de gastar recursos, dice, en “proyectos urbanos paisajísticos poco funcionales; más estéticos que otra cosa y con cero gestión democrática para la construcción participativa desde lo público”.

Lo que estos ejemplos de diferentes lugares de América Latina logra, para Vladimir Montoya, es explicar que “el derecho a la ciudad es la posibilidad, la esperanza de ser diferentes y convivir en la diferencia con dignidad”. La trascendencia de esta discusión sobre derecho, espacio y propiedad pone el énfasis en otra preocupación urgente: la convivencia con el otro, cómo se adecúa y se reparte un territorio aceptando la individualidad de cada ciudadano sin perder el horizonte colectivo.

“Lo importante de estos derechos –concluye Montoya– es que son la condensación de muchos otros derechos: la idea de poder permanecer, de poder reconocer al otro como habitante de un espacio en común”.

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