Tras el paso del huracán María todo fue incertidumbre. El país quedó arrasado dejando al descubierto nuestras carencias, la bochornosa desigualdad y profunda pobreza en la que tanta gente vive en Puerto Rico. Entre el montón de estructuras que el huracán dañó en Machuchal estaba la casa de la familia Rivera Rivera en la que “Doña Margot” crió a sus hijos e hijas, incluyendo al gran Ismael Rivera. Desde que en 2013 iniciamos Casa Taft 169 nos comprometimos con aportar al esfuerzo de mantener vivo el legado de “Maelo” como el “machuchalero mayor”. Gracias al apoyo de Artplace al proyecto Somos Machuchal esa aportación podía adquirir otro matiz en momentos en que más se necesitaba. De modo que optamos por destinar recursos para levantar un plano técnico de la que fuera la casa familiar y epicentro de un incalculable legado cultural a nuestro país. Esto; como el primer paso para lograr su restauración y la preservación de toda la “memorabilia” que encierra.

El proceso de ir y visitar la casa para dibujar y tomar medidas llevó a nuestra colaboradora Andrea Bauzá a [re]conocer la magnética personalidad de su anfitriona, Ivelisse Rivera. Las conversaciones que siguieron a ese “descubrimiento” nos llevaron a reflexionar sobre la construcción del relato histórico y el gran número de mujeres cuya labor ha sido opacada, cuando no invisibilizada, por la fama de los hombres a los que han amado. Partiendo de este componente feminista y del reconocimiento de la larga e incansable dedicación de Ivelisse a su familia, su comunidad y a mantener viva la figura de su querido hermano, quedó claro el proyecto en el cual teníamos que embarcarnos. La selección de Karen Rossi como la persona indicada para narrar esta otra historia también “se cayó de la mata” no sólo porque tenía que ser una mujer quien la contara sino porque Karen es también vecina de Machuchal.

No hay duda que hubiéramos querido celebrar la presentación del corto documental Machuchaleras rodeadas de toda la gente querida y talentosa que ha estado detrás del proyecto. Pero vino un nuevo embate a impedir que lo pudiéramos compartir entre música y abrazos. De manera que les invitamos a verlo a través de sus pantallas como un obsequio que esperamos les alegre el corazón en medio de tanto desasosiego. Me emociona, particularmente, pensar que la lucidez y la sabiduría de Ivelisse puedan ser una invitación a una necesaria reflexión sobre el largo camino que aún nos falta por recorrer para edificar juntos y juntas una mejor sociedad, un mejor país. Quizás porque tuve el privilegio de ver Machuchaleras mientras presenciaba atónita el linchamiento de un hombre negro y el levantamiento de una nación indignada que reclamaba, entre otras cosas, que estamos tarde para empezar a cambiar radicalmente una historia que glorifica la colonización, la violencia, la opresión y la explotación. Ese levantamiento ha sido tan revelador como el embate de un huracán…

Mientras Ivelisse siembra con amor la semilla de nuestra cultura para que pueda crecer en otras generaciones, la semilla del colonialismo, el machismo y el racismo sigue bien plantada en nuestro archipiélago como en tantos otros lugares. Tenemos la tarea urgente de arrancar sus raíces para poder cosechar algo nuevo. Esa nueva cosecha bien podría empezar por la propia comunidad de Machuchal, un barrio de origen Cimarrón o, por qué no decirlo, de naturaleza Cimarrona. Algunas calles de Machuchal, por ejemplo, llevan nombres como Taft o Sunny Court mientras se pueden contar con los dedos de una mano las calles que llevan nombres de mujeres puertorriqueñas; mucho menos caribeñas. Ivelisse también nos enseña que las familias más empobrecidas de Machuchal han estado históricamente amenazadas de ser desplazadas porque nuestra comunidad tiene una ubicación privilegiada. Antes se hizo con procesos de urbanización bajo un modelo errado de «progreso». Esa amenaza está viva hoy con la “transformación” cultural, comercial y turística que se ha venido promoviendo en los últimos años a lo largo de la calle Loíza. Lo bueno de embarcarnos en una tarea como esta es que tanto o más vale el proceso como el producto. Algo que viene de la mano del tema de los cuidados y que intento poner en práctica gracias a mi abuela Ángela que solía decir que “las cosas con cariño salen mejor”.

La presentación del corto documental Machuchaleras ha estado guiada por lo que nos parece lo más importante, querernos y cuidarnos las unas a las otras. En ese sentido es el momento oportuno para compartirles una pieza que es nuestro personal gesto de reconocimiento y admiración hacia Ivelisse. Esperamos que este sea el primero de una serie de cortos sobre Machuchaleras. Definitivamente, estos meses de trabajo han sido un regalo para nosotras. Esperamos que lo disfruten y lo compartan porque aquí hay mucha «tela pa’ cortar». Con la belleza y la poesía de esta machuchalera celebramos que son ya siete años de un proyecto que empezó, precisamente, por la necesidad de rescatar del olvido y la invisibilización…  

Estimado Sr. Gil Enseñat:

Reciba un cordial saludo de mi parte. Como representante de una organización de base comunitaria dedicada a atender el problema de propiedades abandonadas en Puerto Rico no puedo más que unirme al esfuerzo ciudadano por aportar al Plan de Acción del Departamento de Vivienda (PA) en relación al Programa de Desarrollo Comunitario por Subsidio para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR). Como bien se señala en el documento y de acuerdo con lo suscrito por diversas organizaciones gremiales y organizaciones sin fines de lucro, tenemos como país una extraordinaria oportunidad para lograr reducir la vulnerabilidad de nuestra población y encaminar un redesarrollo sostenible mejorando las condiciones generales de habitabilidad en contraposición a asumir un limitado enfoque basado exclusivamente en satisfacer sólo algunas de las necesidades de vivienda en la Isla.

De acuerdo con el resumen de impacto, se estima que cerca de 1,067,618 propiedades se vieron afectadas tras el paso de los huracanes Irma y María. Esta cifra representa casi un 70% del total de 1,571,744 unidades de vivienda existentes en Puerto Rico de acuerdo con el estimado de comunidad del Censo de 2016. Dada la insuficiencia de datos, se infiere que ese universo representa una diversidad de situaciones que pueden incluir, entre otras, propiedades vacantes, ocupadas, adecuadamente construidas, pero inadecuadamente ubicadas, de débil construcción o una combinación de algunos de estos factores. Esto quiere decir que para poder ofrecer una respuesta verdaderamente adecuada es imprescindible trabajar sobre el terreo aplicando una metodología de trabajo comprensiva y colaborativa que permita elaborar alternativas y planes de desarrollo comunitario sensibles a la realidad histórica, humana y físico-espacial de cada comunidad; en particular aquellas que se vieron más profundamente afectadas.

Para nuestra satisfacción, los resultados del proceso de participación pública ratifican el trabajo que venimos haciendo y el gran interés ciudadano en que los fondos del CDBG-DR destinados a Proyectos de Vivienda, se inviertan en mejorar la condición del inventario de propiedades existentes. De la data ofrecida (PA, pág. 16), estimamos que cerca de un 15% del total de propuestas están dirigidas a que se financie el rescate y la reutilización de propiedades actualmente en desuso y, particularmente, aquellas en condición de estorbos públicos. Si al por ciento anterior se suman las propuestas dirigidas a la rehabilitación, mitigación y resiliencia de unidades ya construidas, el por ciento asciende a cerca de un 44.3% (frente a un 32.6 dirigido a la construcción de nuevos proyectos). Es decir que el deseo de la mayoría de los ciudadanos es que se aproveche este fondo extraordinario tanto para reducir la vulnerabilidad como para potenciar el inventario de propiedades existente. Esto representa una gran oportunidad para lograr no sólo la identificación de muchas propiedades sino su adecuada disposición, incluyendo la resolución de posibles problemas de titularidad.

Todo lo cual nos lleva a recomendar al Departamento de Vivienda subsanar en su PA la falta de evaluación de importantes implicaciones económicas y ambientales que se deben tomar en consideración en relación al manejo del inventario de propiedades existentes, sea cual sea el nivel de daño sufrido. Una de ellas se relaciona con los llamados “brownfields” o la más que probable presencia de materiales de difícil disposición en un buen número de estructuras, toda vez que se indica que más de un 40% del total de unidades de vivienda fueron construidas antes del 1979. Esta realidad puede elevar significativamente el costo económico y ambiental de optar por la demolición en vez del saneamiento y rehabilitación de propiedades. Mucho más si se tienen en cuenta diversos factores como: 1) el agotamiento de nuestros vertederos, 2) el hecho de que no se practica la alternativa de encapsular “in situ” materiales peligrosos y contaminantes, 3) la notable falta (contrario a Estados Unidos) de empresas locales que se dediquen al reciclaje de materiales de construcción y 4) que el país sigue ajeno a tendencias y alternativas más innovadoras, sostenibles y de mayor impacto económico como la Deconstrucción o la Adaptación de estructuras.

En la misma línea, entendemos que se debe subsanar la falta de consideración sobre el adecuado manejo del inventario de propiedades con valor histórico y/o arquitectónico toda vez que se trata de nuestro patrimonio edificado y un importante recurso para el desarrollo socioeconómico vinculado a la cultura, las artes y el turismo. Finalmente, nos parece que el PA debe incluir una referencia directa a figuras jurídicas alternativas como pueden ser los “Community Land Baks” y las Organizaciones de Desarrollo Comunitario (CLT, CDC, etc.). Estos organismos se pueden capitalizar y/o financiar con fondos del CDBG-DR y podrían jugar un rol importante en el manejo y adecuada disposición de propiedades que el mercado de bienes inmuebles es incapaz de absorber y devolver a un uso productivo (para distinguir lo que es el mercado de la vivienda de la realidad del problema habitacional) y, más aún, en la elaboración e implementación de planes de desarrollo comunitario y revitalización de centros urbanos que estén orientados a la creación de comunidades completas y sostenibles en Puerto Rico.

Atentamente,

Marina Moscoso Arabía

Coordinadora

Publicado originalmente en 80 Grados

foto por Karina Curet

“los viajes que trajeron a otros vistiendo nuestros cuerpos”

– Ismael Serrano, Ahora

A lxs estudiantes del curso Urbanismo y Gestión Cultural por la complicidad…

La Concepción

Durante los diez años en que fui estudiante del recinto de Río Piedras nunca me tocó vivir un conflicto huelgario. Sucede que me invitan a ofrecer un curso y en cuestión de semanas inicia la huelga. El “receso” no pudo haber sido más intenso. Tengo que decir que me sentí profundamente privilegiada de poder estar ahí, en primera persona, autorizada en calidad de “docente sin plaza” de esa institución. La Universidad de mis amores, a la que le debo tanto, entre cuyas paredes crecí -gracias al trabajo de mi madre- y en la que completé la mayor parte de mi entrenamiento académico. Concluida la huelga tocó desplazarse de los espacios abiertos del Recinto y los espacios públicos de nuestra urbe para regresar al salón de clase a retomar el semestre. Pero cómo hacerlo si durante el tiempo transcurrido (como en los meses y los años que vendrán) el lugar del que partimos había dejado de ser el mismo. Si quienes nos volvíamos a reunir no éramos los mismos. Bajo las circunstancias en las que se encuentra ya no la UPR sino el país, se puede argumentar que es difícil eso de ser “decente”, como diría J C Monedero, y pretender continuar como si nada, inalterados e intactos. Como si los supuestos brotes de incomodidad fueran sólo perturbaciones momentáneas y no fuéramos a tener que resistir, tarde o temprano, el embate sostenido de este temporal.

Estaba planteado, originalmente, que cada estudiante realizara un trabajo individual para su evaluación final pero resultaba mucho más didáctico y cónsono con las inquietudes del momento proponer un ejercicio práctico que se pudiera desarrollar en equipo e, incluso, hacer un llamado abierto a la colaboración externa. Entre las muchas inquietudes post-huelga estaban las denuncias sobre vandalismo tras la reapertura de los portones, la condición de la UPR como recipiente de las propiedades heredadas por el ELA, la oportunidad de habilitar espacios de gestión y actividad académica “extramuros”, potenciar recursos propios para satisfacer necesidades de la misma comunidad universitaria, y fomentar la vinculación UPR-Río Piedras. Para poder conjugarlas en la práctica había un espacio idóneo muy cercano al Recinto (en la intersección de las Avenidas Universidad y Gándara), propiedad de la UPR y totalmente desatendido. Su nombre seducía, además, dada la posibilidad de articular una metáfora perfecta: Edificio Puerto Rico.

foto por Elizabeth Rodríguez

La Ejecución

La fecha seleccionada fue el domingo 2 de julio y la hora de reunión las siete de la mañana (aunque se convocó oficialmente para las dos de la tarde con la intención de adelantar la limpieza por cuestiones de seguridad). En las semanas anteriores se había realizado una documentación fotográfica de la propiedad, se habían tomado medidas, inventariado materiales descartables, redactado documentos (relevo de responsabilidad, comunicado de prensa, etc.), reunido herramientas, contactado a vecinos y un largo etcétera. El título de la convocatoria para ese día fue: Activación Edificio Puerto Rico. El objetivo de la actividad era llevar a cabo una brigada de trabajo que incluyera una limpieza general de todo el patio frontal de la propiedad, una intervención artística, la creación de una superficie donde proyectar y, finalmente, la presentación abierta y gratuita de un documental.

La jornada inició puntualmente, a pesar de las pocas horas de sueño de varios miembros del equipo de trabajo. Para poder empezar a podar la abundante vegetación, primero se tuvieron que remover varios “mattresses”, un “box spring” y hasta un catre. Para nuestra enorme satisfacción, la poda se hizo a las millas gracias al “trimmer”. Antes de iniciarla ya habíamos recibido la visita del responsable de seguridad de la Universidad a quien se le explicó que nuestra loable intención era remediar el deterioro del espacio y su condición de estorbo público. A la pregunta de quién era la persona responsable de la iniciativa se respondió que allí “todos éramos responsables” de querer ofrecer horas de trabajo voluntario a la comunidad. Vale decir que se habían hecho las gestiones para contar con apoyo legal “on call” y que se habían dado instrucciones de hacer un “sit-in” si la respuesta institucional así lo ameritaba. Claro que no fue necesario recurrir a ninguna de esas precauciones. Por el contrario, recibimos un significativo agradecimiento.

foto por Génesis Cumba

Fue tal el nivel de compromiso y el esfuerzo de quienes se sumaron a la actividad que mucho antes del mediodía se había logrado completar lo que se había estimado nos iba a mantener ocupados hasta las primeras horas de la tarde. Incluso, recibimos la colaboración no planificada de los recogedores de “basura” del Municipio de San Juan a quienes pudimos reciprocar con algún refrigerio. Gracias a ello se pudo hacer mucho más de lo que se había contemplado inicialmente, lo que incluyó izar una monoestrellada en el patio de la propiedad. Tanto así que, alrededor de las cuatro, se organizó una rotación de voluntarios para que quienes habían llegado desde temprano pudieran ir a sus casas a recargar energías para la presentación final. Antes de proyectar el documental Seva Vive ante un público de más de 30 personas, se pudo ver un reportaje que se había transmitido por televisión sobre la actividad. Pasadas las diez de la noche, tras más de quince horas de trabajo y luego de una acalorada discusión en la que vecinos de Río Piedras plantearon la terrible incongruencia que supone tener un gran inventario de propiedades abandonadas mientras hay gente viviendo en la calle, se pudo dar por concluida la intensísima jornada.

El día después y ¿ahora qué?

Es muy difícil sino imposible no sufrir un jamaqueón interno tras poner en práctica nuestra capacidad para transformar lo que nos rodea, experimentar el enorme poder de la autogestión y  gozar el resultado del esfuerzo compartido. Y que lo diga una de las estudiantes que participó de la actividad que al día siguiente, por motivos de trabajo, tuvo que llevar a unos turistas al Yunque y, por defecto, terminó recogiendo montones de basura tirada en los alrededores de una hermosa cascada. La opción de asumir las consecuencias de llevar hasta el final un ejercicio tan arriesgado como legítimo y de tantas connotaciones en el contexto actual como puede ser darle atención a un espacio abandonado propiedad de la UPR, responde a una inquietud personal acerca de la diferencia fundamental entre definir qué práctica profesional se quiere hacer versus qué tipo de profesional se quiere ser. Se agradece infinitamente el trabajo de voluntarixs, vecinxs, colegas y estudiantes que, desinteresadamente, se sumaron a este esfuerzo para llamar la atención sobre la importancia de recuperar un espacio que debe estar en función de potenciar la aportación que nuestra Universidad puede hacer al país; ese Puerto Rico aún por edificar. Con esta actividad no sólo se quiso traer la mirada hacia una propiedad olvidada, sino tener un gesto, hacer una provocación que invite a la comunidad universitaria a repensar las posibilidades del lugar. Hubo, además, la intención de crear un aula abierta, un espacio público donde llevar a cabo actividades, reuniones, proyecciones, en fin, donde accionar ideas. Queda de esa misma comunidad aceptar el reto…

foto por Federico Cintrón

A Omayra Rivera, del ejército de mujeres imprescindibles…

Hay realidades que nos golpean en la cara un día y es imposible volver a ser los mismos. El tema que quisiera plantear está compuesto de historias con matices distintos pero remiten a un mismo problema. Digamos que todo comenzó un sábado temprano en la mañana. Nos convocaba a trabajar una hermosa iniciativa de recuperación de una propiedad abandonada que deseamos sea el futuro Museo de la Memoria de la comunidad de Tras Talleres. La arquitecta Omayra Rivera -amiga y colaboradora que coordinó la brigada de trabajo – y yo, habíamos ido primero a Casa Taft 169 a recoger algunas de las herramientas que necesitaríamos ese día. Apenas nos estábamos preparando para iniciar la tarea cuando llegó Francisco y se interesó por lo que estábamos haciendo. Recuerdo que me dijo que era miembro de la comunidad y, sin mucho más, nos pidió alguna tarea y se puso manos a la obra.

El cuento corto es que Francisco nos acompañó durante todo el día. Trabajó durísimo a pesar de tener una ligera deformación en su mano derecha. Ya caída la noche, cuando nos preparábamos para recoger e irnos, supimos que Francisco no vivía en la comunidad sino que dormía en un parque al aire libre lejos de allí, en Villa Palmeras. Sólo me pidió que le regalara el sombrero verde de paja que había estado utilizando para protegerse del Sol. A Omayra le pidió un par de pesos para comprarse un Wopper y pon de regreso a su “casa”. Como teníamos tantas cosas que cargar y guardar, Omayra primero llevó a Francisco y regresó a buscarme para, entonces, dejarme a mí donde vivo. En el camino, intentando superar la sorpresa y la pena, me contó que se había puesto nerviosa pero que todo había ido bien. Días más tarde recibí un mensaje de texto en el que ella me contaba que, por vueltas del destino, se había visto involucrada en una situación desagradable con otra persona sin techo. Como Omayra es un ser humano tan especial, a pesar de lo violento y peligroso del incidente, su reflexión final fue que la vida le estaba enviando señales de que debía dedicarse a trabajar el problema de las personas sin hogar en la ciudad.

Varios días después de recibir el mensaje de Omayra, ella me volvió a escribir para contarme que, luego de una larga espera, el Municipio de San Juan iba a ceder oficialmente una propiedad abandonada en Río Piedras (muy cerca de la Plaza del Mercado) a la organización Estancia Corazón. Esta organización desarrolla distintas iniciativas todas orientadas a servir a un sector de nuestra población que está en situación de vulnerabilidad porque carecen de cuidados básicos por no tener un techo y un lugar digno donde vivir.

Hace apenas dos días tuve la suerte de tropezarme en internet con una promoción sobre una actividad titulada: Derechos humanos, acceso a un hábitat digno y políticas públicas. Increíblemente, la conferencia estaba a punto de comenzar pero me encontraba muy cerca del lugar donde se iba a llevar a cabo así que pude llegar justo a tiempo. Entre las cosas más duras que se dijeron, una relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especialista en vivienda y desarrollo, hizo hincapié en cómo se ha extendido en todo el mundo la tendencia a “revitalizar” las ciudades desplazando a las comunidades más vulnerables, en vez de urbanizar garantizando el derecho humano a la vida, de forma digna. El término exacto que utilizó para describir la situación a nivel internacional fue que ya no resultaba “sexy” para los gobiernos estatales y municipales garantizar el derecho a la vivienda en las ciudades. Todo lo contrario, el sector público está siendo el principal promotor de determinados procesos urbanísticos pasando a ser cómplice de la especulación y las dinámicas económicas del libre mercado inmobiliario.

Ese mismo día, poco antes de irme a dormir, recibí un mensaje de alguien que necesitaba ayuda urgente porque había recibido una orden de desalojo de un banco indicándole que debía abandonar – en apenas dos semanas – la propiedad donde vive hace años. Una propiedad que perteneció a su familia por décadas y que se ha convertido no sólo en su residencia y la de otros familiares sino en un espacio imprescindible de trabajo y producción. Somos parte de una clase media que, dada la difícil situación económica y la falta de oportunidades de empleo, nos estamos auto-empleando y auto-explotando (haciendo todas las maromas posibles: ofertando clases, produciendo cosas, recurriendo al Uber o el Airbnb…) para, a duras penas, llegar a fin de mes.

Temo mucho y es, de hecho, lo que percibo a diario en mis extensas caminatas por Santurce y me confirman las conversaciones cotidianas: cada vez habrá más gente sin techo o resolviéndoselas para contar con una espacio donde sobrevivir. Incluso trabajando duramente, habrá quien no va a poder generar el ingreso mínimo que le permita costearse un vivienda adecuada. Peor aún, hay mucha gente que por su edad u otras limitaciones no está en condición de trabajar y, como no reciben asistencia social, se están quedando en la calle; literalmente. Así he visto a una vecina de Machuchal que pasó de alquilar un cuartito a vivir a la intemperie arrastrando lo poco que le queda en un carrito de hacer la compra. De lo que hablo es de una crisis social muy profunda y aguda. Que nadie pase por alto que la falta de oportunidades y servicios básicos se va a traducir en peor salud física, emocional y anímica, en mucha mayor inseguridad, en un profundo empobrecimiento y, por ahí, un largo etcétera. ¿Cómo nos organizamos para enfrentar este enorme reto, para crear nuevas oportunidades, para intercambiar saberes y recursos, para desarrollar bases y redes de apoyo mutuo? Son muchas las preguntas pero con voluntad podemos comenzar a ensayar alternativas para generar las posibles respuestas. ¡De que hay gente comprometida con ello, sí que la hay!

Since we are gathered here in order to think about ways to occupy the future, I came to tell you a story. The people behind today’s story are not trained artists or activists, but committed and hardworking people of different ages, shapes, colors and backgrounds. We had to train ourselves as professional squatters so I guess that’s the reason why we have been invited to this important meeting. The truth is that life will never be the same once you have the guts to defeat, in any way, our societies’ worship of the almighty notion of private property. 

It all started with a bunch of seeds in the summer of 2013. An extraordinary woman planted a small edible garden in the front yard of an abandoned property. This was far from being the first attempt to prevent the undesirable consequences of having to coexist with a long standing “estorbo público” or public nuisance, but for some reason this time the soil was fertile for those seeds to grow. The small garden gave us a reason to get out of our houses and talk to one another. It also made us realize that we didn’t have a place to get together, where we could share our problems or concerns about our community. (It’s really scary honestly, to realize we can live in close proximity to one another but keep coming and going like perfect strangers…) So if this small garden had transformed our daily life in such a significant way, we asked ourselves: why could we not occupy the entire property? A few weeks later, we officially came out of the closet as squatters of Casa Taft 169. We did it in the hope that this would urge the municipality to take action, given the shameful amount of abandoned properties in the capital city of San Juan. 

The property was a bricked up dumpsite so we went from this to this to this… And from this to this to this… And from this to this to this and this…

We also conducted some research because we knew the property had been abandoned for many decades. And we found out it had a huge municipal tax debt that actually exceeded several times the property’s market value. Moreover, the owner of the property died around 1973 and there were no legal heirs. We knew then that we were on the right track, otherwise the property would remain abandoned and would permanently be a huge headache for us. 

From this point forward, everything we did and continue to do at Casa Taft 169 converges the past and the future. The signs of abandonment are highlighted and we challenge ourselves to find different ways to rebuild with whatever we have at hand. You can actually see traces of crawling plants and old peeling paint, which we framed in a shiny color. Also, we built a low cost green pavement made of concrete blocks and a wall made of reused bottles. Our commitment with this project is to denounce the problem of abandonment and simultaneously conceive and propose alternatives. This is very important because, under Puerto Rico’s outdated regulation, structures that are declared public nuisances are doomed to be demolished. We must prove that this properties are not merely disposable but great opportunities to upgrade our built environment under more sustainable criteria. Even more, we want to demonstrate there are people willing to and capable of transforming these spaces with very little investment, but a lot of work and creativity.

Our ultimate goal is to transform Casa Taft 169 into a unique co-created, bottom-up, self-run, self-sustained Civic Center, a place where locals and visitors can access services and engage in different activities.  We also wish to endow the community of Machuchal (which is the historic name of the neighborhood where the project is located) with a much needed space to empower ourselves to work on improving the quality of life of all machuchaleros. 

We envision our Civic Center as the epicenter of a broader transformation within our community. That is why we have also promoted other activities outside Casa Taft 169, specially at the local public school, which unfortunately became another abandoned property after the government decided to shut it down to “save money”. In other words, we wish to go from placemaking to capacity and community building. 

Actually, we have gone from placemaking to policymaking, thanks to the extraordinary effort of one of our neighbors, who took on the challenge of unveiling the legal loopholes around abandoned properties without living owners or heirs. He also engaged a group of students and a local politician to draft a bill to amend our Civil Code to leverage partnerships between municipal governments and non for profit organizations willing to transform abandoned properties that have been declared public nuisances into new spaces of social impact. 

A public campaign called todos somos herederos or “we are all heirs” was launched to take on the difficult task of reaching out to more people and organizations through social networks, networking, and the media. On the last minute, we even urged people to call the Governor of Puerto Rico to compel him to sign the bill. 

And he did (just two and a half months ago) and we were very happy!

The new law grants the University of Puerto Rico a term of five-months to express interest on any property that has been officially declared as public nuisance, otherwise the property is transferred to the municipality, as a way to terminate any plausible debt by merger. Then, the municipality can grant, assign, sell, or rent the property to a non for profit organization. 

But now, we have a bigger challenge. We need to identify these abandoned properties to match them with other people’s needs and ideas. To achieve this, Casa Taft 169 has partnered with La Maraña, a non profit dedicated to participatory urban design. Together, we have been compiling an inventory of public nuisances and we are also sharing our knowledge and tools so that other organizations can do the same.

We also wish to go a step further by marking public nuisances without living owners or heirs throughout the city to let people know where they are. But on the other hand, best practices and new policies must be developed, because the fact is there are no “abandoned” spaces. When we talk about a drug house or an unsanitary place we are actually talking about people; people that are homeless, people who feel, people who suffer, people who might be sick, people who might even have a job, but can’t pay rent. We now understand that these spaces are like mirrors reflecting our failure as a society to provide each and every human being with a decent life. 

Finally, if we want the new law to become a true instrument of change we can’t give up on spreading the word, demanding action from the government officials, and encouraging others to join this movement as a different approach to address the imperative challenge of creating communities that are culturally rich, socially integrative, economically equitable, and environmentally sustainable.

When you realize that the debris from Casa Taft 169 can turn into a piece of art or can be recycled by La Maraña to transform an illegal dumpsite into a co-created wonderful public pocket park, you start believing that project by project, community by community we can create the changes we want to see in our island. 

We live in a US territory under the so called PROMESA – the Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act- which threatens the wellbeing of the people living in our country in order to fulfill a public debt of more than 70 billion dollars. This is a perfect time to rethink the kind of society that we want to be. For example, a society that acknowledges the right to health, denied by the Federal government in 1952 when the puertorrican constitution was drafted.

As Eduardo Galeano once wrote, “utopia lies at the horizon.” We can never reach it, but it is useful to keep us walking…

Thank you!

http://creativetime.org/summit/dc-2016/

15 de julio de 2016

Lcdo. Alejandro García Padilla
Gobernador
La Fortaleza
San Juan, Puerto Rico

Re. Firma del P. de la C. 2583

Estimado señor Gobernador:

No existen propiedades abandonadas sino espacios que han permanecido ignorados por demasiado tiempo. A todos y a todas nos afectan, de una u otra manera, las consecuencias sociales, económicas, ambientales, de seguridad y salud pública de esa falta de atención. Una falta de atención que afecta más dramáticamente a nuestros centros urbanos y que en los últimos años ha adquirido proporciones tan alarmantes que reiteradamente se denuncia en los diversos medios de comunicación del país. Ante su consideración se encuentra el P de la C 2583, producto de la colaboración público-comunitaria, que recoge el insumo de ciudadanos y profesionales llamados a asumir el deber cívico de ofrecer alternativas a este problema. Se trata de una medida de vanguardia capaz de promover la participación de la sociedad civil y de insertar a nuestra isla en una tendencia internacional de desarrollo sostenible.

El P. de la C. 2583 viabilizaría que el Tercer Sector, a través de las diversas organizaciones sin ánimo de lucro, pueda aportar soluciones a este acuciante problema disponiendo de espacios para el desarrollo de sus actividades. El Proyecto enmienda dos leyes con el fin de que los municipios reciban por vía de herencia las propiedades sin herederos ni titulares vivos que hayan sido declaradas estorbos públicos para poderlas ceder, donar, vender o arrendar a estas organizaciones. Este mecanismo es muy distinto al de una expropiación forzosa o al de una ejecución por concepto de deuda. Tiene la intención de evitar que se prive a una persona de su legítimo derecho propietario y promover la recuperación y rehabilitación de propiedades que, de otra manera, podrían perpetuarse como amenazas al bienestar público. Además, esta medida potencia nuestras capacidades de autogestión -individuales y colectivas- para transformar estos espacios olvidados con proyectos e iniciativas innovadoras y creativas.

Como bien ha señalado usted en diversos foros, es momento de dirigir nuestras acciones a favorecer el interés colectivo sobre el interés individual. En sus manos está el poder de reafirmar el deber del Ejecutivo de favorecer medidas en protección del interés público y rechazar aquellas propuestas de ley que anteponen un interés privativo. La dificultad de convivir con propiedades olvidadas y desatendidas nos convierte a todos en herederos de un problema que necesita atención urgente y compete al Estado promover una necesaria y activa vinculación de distintos sectores. La ciudadanía, desde sus diversas agrupaciones, intereses y capacidades tiene el deseo de asumir su deber en la tarea de recuperar estos espacios para devolverlos a un uso productivo y ponerlos al servicio de la comunidad y el proyecto de país que debemos poner en marcha si queremos superar los grandes retos del momento que nos ha tocado vivir.

Por todo lo expuesto anteriormente las y los que suscribimos esta carta le solicitamos que convierta en ley el P. de la C. 2583 como una acción afirmativa por el bienestar y futuro de Puerto Rico.

Respetuosamente,

Los abajo suscribientes:

[Transcribimos a continuación el Informe suscrito por el Presidente Interino de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes en opinión favorable a la aprobación del P. de la C. 2583]

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. DE LA C. 2583

INFORME

16 de mayo de 2016

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico recomienda la aprobación del P. de la C. 2583 con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que acompaña el presente informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Comisión de Lo Jurídico (Comisión) evaluó el P. de la C. 2583, el cual propone enmendar el Artículo 912 del “Código Civil de Puerto Rico de 1930”, según enmendando, a los fines de destinar a los gobiernos municipales los inmuebles declarados estorbos públicos en cuya jurisdicción este sito dicho inmueble, inscribiendo la correspondiente titularidad en el Registro de la Propiedad mediante Sentencia o Resolución Judicial; se enmienda la Ley 31–2012, conocida como la “Ley para Viabilizar la Restauración de las Comunidades de Puerto Rico”, para añadir un Artículo 10.1, a los fines de que en las propiedades sin titular ni heredero declaradas estorbos públicos, apliquen las disposiciones respecto a la herencia ab intestato de los Artículos 912 y 913 del Código Civil y a su vez facultar en esta ley a los gobiernos municipales a vender, ceder, donar o arrendar estas propiedades conforme lo establece esta ley y la Ley 81 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado”, y para otros fines relacionados.

En su exposición de motivos, el P. de la C. 2583 explica la alarmante situación que enfrentan los municipios en cuanto a las propiedades declaradas estorbos públicos. Este fenómeno ante los retos económicos, fiscales, sociales y ambientales que enfrentamos como país, nos obliga a identificar y proveer formas novedosas y prácticas que propendan al empoderamiento de los ciudadanos, las organizaciones de base comunitaria y sin fines de lucro, que quieren rehabilitar y poner al servicio de la comunidad los espacios y/o propiedades abandonadas e identificadas como estorbos públicos.

Más aún, expone la medida que siguiendo el ejemplo de ciudades como Detroit, resulta imperioso atender este problema que bien se describe en el informe del “Detroit Blight Removal Task Force” : “El abandono es un lastre para la comunidad. Un sifón para la vitalidad de la ciudad. El abandono es un fuerte disuasivo para la inversión económica y una probada amenaza para la seguridad pública. El abandono puede ser una fuente de desolación o de frustración de quienes han sido testigos de la decadencia de un determinado edificio o barrio con el pasar del tiempo.” Por ello, a través de esta medida se estaría brindando a los municipios el marco jurídico que los faculte a poder establecer alianzas con la comunidad, cuando esta quiere hacerse cargo de los espacios abandonadas, y como comunidad organizada evitar que dichos espacios se conviertan en hospitalillos, focos de criminalidad o de otras incidencias que amenacen su seguridad y calidad de vida. De igual manera, los municipios podrían impulsar estos espacios para fines cívicos, educativos y sociales, una vez tengan la capacidad de vender ceder, donar o arrendar estas propiedades conforme lo establece esta Ley y la Ley 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado”.

ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

Atendidos y evaluados los memoriales explicativos de numerosas organizaciones e individuos sobre el P. de la C. 2583, y conforme al estudio realizado por la Comisión de Lo Jurídico de la Cámara de Representantes, nos encontramos en posición para recomendar su aprobación fundamentado en el breve análisis que se presenta a continuación.

Coincidimos a su vez con la Exposición de Motivos en cuanto a que recientemente se ha podido evidenciar cómo comunidades se han organizado para ocupar o rescatar propiedades inmuebles declarados estorbos públicos, y a su vez evitar que esos espacios se mal utilicen o proliferen plagas por el abandono y la falta de mantenimiento. Es por ello, que esta Asamblea Legislativa tiene el compromiso de promover esta iniciativa, proveyendo a las comunidades las herramientas necesarias para desarrollar estos espacios. A su vez se promueve la salud e impacta el aspecto social, cultural, ambiental y económico de estos entornos. A continuación, un breve resumen de la ponencia y memoriales suministrados.

Casa Taft [169]
Una de las principales organizaciones que estuvo trabajando para hacer realidad esta medida lo es la Casa Taft y sometió su posición en cuanto a la misma reconociendo el complejo panorama que ofrece el ingente inventario de propiedades abandonadas en la isla resulta urgente aprobar nuevas medidas dirigidas a atender las distintas realidades jurídicas que limitan su más que necesaria recuperación y rehabilitación.

Reconoce la Casa Taft que el P. de la C. 2583 pretende sumar una alternativa para poder disponer de propiedades abandonadas “sin herederos”. El P. de la C. 2583 propone atemperar al contexto actual una disposición constitucional que se estableció a principios del siglo pasado y cuyo anquilosamiento lastra la imperiosa necesidad de aunar esfuerzos en la recuperación física, social, económica y ambiental de nuestros entornos urbanos y nuestras comunidades. No solo amplían la capacidad de los Municipios para poder disponer de las propiedades declaradas estorbos públicos sino resultar en un incentivo para una organización sin fines de lucro (OSFL) de rehabilitar determinada propiedad abandonada. Sin duda, es una herramienta adicional para sanear situaciones legales, contributivas, de inseguridad e insalubridad, y para reinsertar estos espacios al modelo productivo y de bienestar social.

Las enmiendas contenidas en el P. de la C. 2583 surgen de su experiencia en Casa Taft 169 pero, más allá́, se nutren de haber tenido la oportunidad de identificar y evaluar un sinnúmero de propiedades abandonadas, varias de las cuales se encuentran en similar condición legal, contributiva y física (en las que ya se están desarrollando o se desea a desarrollar proyectos de impacto comunitario). Estas enmiendas responden a importantes consideraciones que se detallan a continuación ya que aplican a un número significativo de propiedades abandonadas “sin herederos”:

• Dada la imposibilidad de resolver su situación legal, estas propiedades han permanecido varias décadas completamente desatendidas.
• Durante el prolongado tiempo transcurrido en estado de abandono estas propiedades han acumulado deudas con el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) que pueden hasta multiplicar varias veces su precio de venta en el mercado de Bienes Raíces.
• Dada la responsabilidad de las administraciones municipales resulta conveniente establecer acuerdos u otros vínculos de colaboración entre los Municipios y OSFL interesadas en asumir el redesarrollo o rehabilitación de estas propiedades -algo que, de por sí, podrá implicar la provisión y/o restitución de servicios municipales, etc.
• Dado que, por la antigüedad de las leyes vigentes, las propiedades declaradas Estorbos Públicos están abocadas a ser demolidas. Teniendo en cuenta el gran inventario de propiedades abandonadas esto tendría altos costes.

El proyecto de la Casa Taft, coordinado por la señora Marina Moscoso Arabía, comienza a ser hoy referente de autogestión, apoderamiento y desarrollo comunitario. Es así porque un grupo de vecinos asumió el deber de desafiar la gran injusticia que suponía verse obligados a convivir con una propiedad foco de innumerables problemas cuando, por el otro lado, los cerca de 9,000 residentes en su comunidad no contaban con un solo espacio adecuado para llevar a cabo actividades y acceder determinados servicios. Peor aún, dicha comunidad no estaba organizada y mucho menos dotada de un lugar desde el cual trabajar para poder atender y dar respuesta a sus necesidades.

La Maraña
Por su parte, La Maraña, organización sin fines de lucro dedicada al diseño participativo urbano, cuyo eje principal es empoderar al ciudadano a creer en su potencial de cambio a través de metodologías colaborativas que integran a comunidades en el diseño de sus ciudades. Nos expone La Maraña que en años recientes, diversas iniciativas de base comunitaria han estado reclamando este derecho por toda la isla; activando espacios en desuso y propiedades abandonadas y reclamando mayor participación en la toma de decisiones sobre el diseño de sus ciudades y el espacio público. Reconociendo este proceso de empoderamiento colectivo, La Maraña ha querido apoyar y dar mayor visibilidad a estas iniciativas para legitimar su trabajo y fortalecerlas como parte fundamental de lo que nosotros entendemos es un movimiento social naciente.

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)
El CRIM favorece la medida. Reconoce que según redactada no afecta sus facultades y funciones, a la vez que sirve como herramienta necesaria para impulsar el desarrollo de los espacios en desuso. Sin embargo, el CRIM señala que muchas de estas propiedades declaradas como estorbos públicos llevan consigo deudas de contribución sobre la propiedad que a pesar de las gestiones que realizan, no han sido pagadas. Representando recaudos que los municipios dejan de recibir. Por ende, recomienda enmiendas a varios artículos de la Ley 31-2012, como el Artículo 8 para facultar al Municipio a solicitar al CRIM certificaciones de deuda y al Artículo 9 para restar de la justa compensación de una expropiación cualquier deuda, intereses, recargos o penalidades existente contra el CRIM. Sin embargo, esta Comisión entiende que la solicitud de certificaciones de deudas de parte del Municipio es un poder inherente y que la enmienda recomendada al Artículo 9 deberá corresponder a un futuro proyecto de ley, ya que se relaciona al mecanismo de expropiación forzosa; facultad no relacionada a los fines del P. de la C. 2583.

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM)
La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) sometió una ponencia a favor de la medida, indicando que “avalamos el principio de toda medida que promueva el desarrollo de estas propiedades en desuso, debido a que con ello se atienden problemas de seguridad, salubridad y economía que aquejan a los ciudadanos”. También, propone varias enmiendas a los Artículos 912 y 913 del Código Civil.

Por ejemplo, OCAM recomienda que la enmienda del Artículo 912 del Código Civil lea, “[l]os inmuebles declarados como estorbo público, según las leyes especiales que apliquen, que no tengan titular o dueño vivo alguno ni heredero que lo reclame, se destinarán al Gobierno Municipal en cuya jurisdicción este situada el inmueble, inscribiendo la correspondiente titularidad en el Registro de la Propiedad mediante Sentencia o Resolución Judicial.” Sin embargo, al indicar en el Artículo 912 actual que “[a] falta de personas que tengan derecho de heredar, conforme a lo dispuesto en los precedentes subcapítulos”, ya es implícito los bienes que no tengan heredero que lo reclame. Ex parte EE. UU. de A., 105 D.P.R. 920 (1977).

La OCAM también propone que la enmienda al Artículo 912 del Código Civil indique que los referidos estorbos públicos sean esos declarados “según las leyes especiales que apliquen”. Cabe señalar que a pesar de las numerosas enmiendas a la Ley 31-2012, las instrumentalidades gubernamentales pueden declarar estorbos públicos a través de otras leyes tales como las Leyes 81 del 14 de marzo de 1912, conocida como la “Ley para Reorganizar el Servicio de Sanidad”, 222 del 15 de mayo de 1938, 128 del 7 de mayo de 1941, conocida como la “Ley para la Eliminación de Viviendas Inadecuadas para fines Residenciales”, 4 del 23 de junio de 1971 conocida como la “Ley de Sustancias Controladas”, 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como la “Ley de Municipios Autónomos”, y los Artículos 277 y 686 del Código de Enjuiciamiento Civil. En tanto, se debe aclarar que la herencia ab intestato del municipio aplicará a los estorbos declarados bajo cualquiera de estos procedimientos.

Finalmente, propone enmendar el Artículo 913 para que aclare que la facultad de apoderarse de bienes hereditarios sea no solamente para el Estado Libre Asociado pero también para los municipios. Sin embargo, esta Comisión entiende que no es necesario incluir explícitamente a los municipios en este artículo, ya que por ser una subdivisión administrativa del estado, los municipios no son soberanos por sí mismo. Por ende, al ser creaturas del estado subordinadas a éste, la Asamblea Legislativa puede delegarle más poderes e inmunidades. Williams. v. Mayor, 289 U.S. 36 (1933); Pacheco v. Cintrón, 122 D.P.R. 229 (1988); Colón v. Municipio, 114 D.P.R. 193 (1983). Además, en materia de estorbos públicos, se ha extendido facultades del Estado Libera Asociado a los municipios sin que el texto de la ley correspondiente lo indique. Cabassa v. Rivera, 70 D.P.R. 90 (1951); Op. Sec. Just. Núm. 47 de 1959; Op. Sec. Just. Núm. 68 de 1962.

Universidad de Puerto Rico (UPR)
Esta Comisión también recibió memorial explicativo de parte del Presidente de la UPR, expresando su posición en cuanto al P. de la C. 2583. La UPR reconoce que no tiene reparos en lo propuesto en dicha medida sino que realizan una serie de observaciones a la misma. Entre las recomendaciones adoptadas por esta Comisión por ejemplo se destaca, el que se modifique su lenguaje, para que solo se traspasen a los municipios aquellos inmuebles abandonados respecto de los cuales la UPR haya expresado en primera instancia que no les tiene un uso institucional.

Sugieren que contrario a la regla general que indica que la muerte del causante determina la ley aplicable al caso, se disponga la aplicación retroactiva de la ley para incluir aquellas propiedades que al presente se encuentren en condición de estorbo público. De manera que el gobierno municipal pueda heredar las mismas sin obstáculo jurídico alguno y a su vez este pueda disponer del mismo. Esta Comisión entiende que es innecesario ya que la autoridad para declarar estorbo público y el poder de expropiación forzosa de los municipios no se altera en lo absoluto; y el destino que a partir de la declaración de expropiación forzosa, corran las propiedades inmuebles en poder de los ayuntamientos se determinará conforme dispone esta ley sin importar cuánto tiempo lleven bajo su poder.

Departamento de Justicia (DJ)
El DJ expresa su apoyo a la medida previo la incorporación de ciertas enmiendas. De umbral reconoce que la Asamblea Legislativa delegó a los municipios la autoridad de expropiación forzosa dentro de sus límites territoriales mediante la Ley de Municipios Autónomos . También destaca que la declaración de una propiedad como estorbo público autorizada por la Ley 31-2012, reconoce la facultad de expropiación por parte de los municipios, cuyo fin es destinar el inmueble a una utilidad pública. En cuanto a la acepción del término “uso público”, indica que en esta jurisdicción se ha adoptado una doctrina liberal equivalente a “beneficio público”, irrespectivamente si lo aprovecha directamente toda una comunidad.

Proponen enmendar el Artículo 913 del Código Civil de Puerto Rico, de manera que su contenido se ajuste al derecho sucesorio que con respecto a las propiedades declaradas estorbo público se propone reconocer a los municipios y la particular situación de la Universidad de Puerto Rico. Relacionado al propuesto Artículo 2 del proyecto que enuncia la capacidad del Municipio de Vender, ceder, donar o arrendar las propiedades inmuebles adquiridas por herencia, explican que no es necesario expresarlo de esa forma ya que el municipio una vez adviene propietario goza del pleno dominio sobre la cosa y puede disponer de ellas sin restricciones. En particular cuando adquiere la propiedad por herencia, “resultan inaplicables las limitaciones y salvaguardas dirigidas a proteger el derecho de propiedad que nuestro ordenamiento constitucional dispone cuando el Estado o sus municipios adquieren propiedad privada mediante el procedimiento de expropiación forzosa, uso públicos y justa compensación”. Por tal razón entiende que se debe limita ro condicionar el derecho de los municipios a ceder o donar la propiedad inmueble abandonada adquirida por herencia , a los efectos que esa “cesión o donación sirva el uso público que representa el que la propiedad sea eliminada o restaurada a los fines de eliminar el riesgo a la seguridad o salud general que la propiedad abandonada en cuestión pueda representar”. Estas propuestas propenden a la armonización de las leyes enmendadas por el P. de la C. 2583 y en particular la intención legislativa que persigue la Ley 31-2012.

El proyecto también recibió ponencias favorables de parte de Mercedes Padilla Vélez, residente de la urbanización García Ubarri, Alba López Rosado, geógrafa, urbanista y estudiante doctoral de Planificación Urbana, la OSFL Inversión Cultural, Asociación de Desarrollo Comunitario Tras Talleres, Inc., Luis R. Candelario, miembro del Colectivo de Vecinos de la Plaza del Mercado de Santurce y En La Grama Corp.

Finalmente, esta Comisión también analizó el Código Civil de varios países civilistas y encontró que dentro de ellos, existe una gran variedad de entidades, agencias y propósitos para heredar bienes ab intestato. Mientras Puerto Rico actualmente destine bienes sin titular o dueño vivo para el beneficio de la Universidad de Puerto Rico, Costa Rica las destina a las Juntas de Educación correspondientes a los lugares donde tuviere bienes el causante; en Colombia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; en España a instituciones municipales y provinciales de beneficencia, instrucción acción social o profesiones, y la amortización de la deuda pública, entre otros; y en Panamá a los municipios donde tuvo su último domicilio el difunto. Como ya vemos, cada país ha dispuesto el destino de dichos bienes según las necesidades que han identificado sus respectivas legislaturas. Esta Asamblea Legislativa no tiene duda que el P. de la C. 2583, atiende efectivamente el problema de abandono de propiedades inmuebles que nos afecta de manera tan dramática y armoniza adecuadamente la forma en que las distintas legislaciones aplicables manejan estos asuntos.

CONCLUSIÓN

Por las razones aquí descritas, la Comisión de Lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico recomienda favorablemente la aprobación del P. de la C. 2583 con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que acompaña el presente informe.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

JOSE L. BAEZ RIVERA
PRESIDENTE INTERINO
COMISION DE LO JURIDICO
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Publicado originalmente en Compartir es Vivir, marzo de 2016.

Por Ramón Cruz*

Corresponsal de Compartir es Vivir en Madrid

El pasado 30 de enero se realizó en el barrio de Arganzuela, Madrid, el primer encuentro de la Red de Espacios Ciudadanos (REC), iniciativa en torno a los llamados espacios sociales autogestionados, que busca como tarea principal generar diálogo, conocimiento y análisis de los procesos de autogestión en otras ciudades de España.

Participaron en el primer encuentro La Casa Invisible (Málaga), Centro Social Comunitario Luis Buñuel (Zaragoza), Ateneu Popular Nou Barris, Associació Ateneu Santboia (Barcelona), Ateneu Candela (Terrassa), La Fábrika Detodalavida (Extremadura), el recientemente desahuciado pero aún activo Patio Maravillas de Madrid, y la anfitriona del encuentro, el Espacio Vecinal Arganzuela (EVA), espacio aún en construcción.

El tema medular de este primer encuentro fue la creación de un marco común de estrategias y procedimientos para la protección de los bienes comunes, así como darle forma a varios protocolos adaptables para la cesión de los espacios físicos por parte de los ayuntamientos a los Centros Sociales Okupados (CSO) y Centros Sociales Autogestionados (CSA).

“Entendemos el territorio como lugares vivos, como espacios para la autonomía, el movimiento y los procesos colectivos. Por eso estamos muy contentos de poder participar en estos procesos, e invitar a que los sigamos de cerca”, manifestó Curro Machuca, miembro del colectivo andaluz La Casa Invisible.

Con la llegada al poder de los movimientos municipalistas a diversas alcaldías españolas (Madrid, Barcelona, Zaragoza, etc.) quienes reivindican la democracia participativa y la recuperación y consolidación de “lo común”, se espera que estos proyectos de autogestión ciudadana tomen un nuevo empuje. Sin embargo, esto no significa que la ruta de ahora en adelante sea fácil.

La estrategia de campaña del miedo de la derecha y el establishment y sus medios, catalogando las iniciativas de autoorganización ciudadana de “avanzada comunista” y a sus portavoces como los nuevos “soviets”, ha forzado a las nuevas administraciones municipales a actuar con cautela. Esto ha abierto un complejo y delicado debate de cómo deben ser las relaciones y acciones conjuntas entre las nuevas administraciones de los “municipios del cambio” y los CSO y CSA donde, irónicamente, esas mismas iniciativas políticas que asaltaron las instituciones municipales nacieron y tomaron forma.

Históricamente, el movimiento okupa ha sido una tradición político-social europea, con especial auge en países como Holanda, Alemania o Dinamarca, y ciudades como Barcelona y Roma. El movimiento okupa y autogestionario es una respuesta a las contradicciones en el tejido social que impone el modelo capitalista urbano.

Este movimiento se apropia del “derecho a la ciudad” como principal reivindicación, incorporando consigo un conjunto de demandas e iniciativas sociales que buscan poner en práctica las diversas autonomías individuales y colectivas en los diferentes espacios urbanos e incluso rurales.

La siembra y germinación de estas comunidades subalternas pone en función las múltiples prácticas y disciplinas que la lógica de rentabilidad neoliberal va desechando en cada lugar. La paradoja actual de que existen “casa sin gente y gente sin casas” y la muy discutida gentrificación, entre otras, van siendo erosionadas y discutidas por este tipo de proyectos.

Entre las múltiples iniciativas que podemos encontrar en los CSO y CSA están muy arraigadas las cooperativas de trabajo asociativo, grupos de consumo responsable y autoconsumo, talleres multidisciplinares y multimedia, grupos de medicina naturista y terapias físicas, educación alternativa y tutorías para todas las edades, así como conciertos, exposiciones, representaciones teatrales, talleres de baile y dibujo, etc. Todo desde una perspectiva creativa, vecinal, comunitaria y de libre acceso, autofinanciada y gestionada por los diferentes colectivos. En definitiva, experiencias a contracorriente de las lógicas que impone la hegemonía neoliberal.

En Puerto Rico existen varias iniciativas en esa dirección que con un esfuerzo titánico van ganándose su espacio, proyectos como “Todos somos herederos” y la Casa Taft 169, el Centro para el Desarrollo Político, Educativo y Cultural o El Josco Bravo, entre muchísimas propuestas que están surgiendo alrededor de la Isla.

Lo ocupación de espacios postergados donde puedan materializarse diversos proyectos que confronten el impacto urbanístico de la especulación capitalista sobre los bienes y espacios comunes conlleva un esfuerzo y dedicación colosal por parte de los colectivos. Los frutos, sin embargo, pueden ser altamente gratificantes, al exponer de manera directa las contradicciones del capitalismo y construir comunidad. De eso es que se trata.

*Maestro de inglés y activista social. Coordina en Madrid el Colectivo Agüeybaná y colabora con el Centro Social La Invisible, Málaga.

Algo en esa sentencia incomoda, se contradice y no cuadra… Demo-cratizar el espacio público (demos – pueblo / krátos – gobierno / ia – cualidad). En fin, gracias a ello me sentí motivada a hacer un ejercicio en apariencia inocente y sencillo: “googlear” espacio público. Tenía la esperanza que al hacerlo una de las primeras entradas en aparecer fuera la de la versión digital del diccionario de la Real Academia Española (RAE) pero no fue así. Incrédula hija de la vieja guardia, recurrí a mi biblioteca y lo busqué directamente en la versión impresa para comprobar que no existe en el diccionario de la RAE (y esto hace pensar que tampoco en otros diccionarios de lengua hispana) una definición de espacio público. Hay muchas definiciones de espacios pero NO del “público”. La definición que más se acercó a mi propia noción de lo que es, o debe ser, un espacio público fue la que apareció al final de la larga secuela de definiciones: “Ámbito territorial que necesitan las colectividades y los pueblos para desarrollarse”. ¿Y a qué tipo de espacio corresponde esta definición? Pues, según el diccionario de la RAE ese “Ámbito territorial que necesitan las colectividades y los pueblos para desarrollarse” es el espacio «vital”.  Ahí está que esa definición se parezca a la que tengo en la cabeza de lo que debe ser el espacio público. Pero no sólo por esa revelación el ejercicio resultó interesante. Cuando se introducen esas dos palabras mágicas: “espacio” y “público”, y se pone en marcha el buscador, comienzan a aparecer toda suerte de enlaces a textos académicos y a organizaciones en todo el mundo, dedicadas a trabajar este asunto del espacio público. Creo que ese resultado es extremadamente elocuente, pues evidencia que la gente, mucha gente, en muchos lugares, se ha tenido que dedicar a pensar, reflexionar, trabajar y defender ese ámbito tan imprescindible de nuestras vidas; sobre todo dentro del espacio urbanizado (que tampoco aparece definido en el diccionario la RAE). Ese espacio tan invisibilizado y violado por tantas instancias, de esas instancias “oficiales” que tanto nos afectan (radica precisamente ahí la necesidad de democratizarlo) debemos asumir a manera individual y colectiva la tarea de visibilizarlo y formarlo para que pueda cumplir esa función tan fundamental de nutrir nuestras vidas. Que nos dé igual si esas instancias lo reconocen o no porque en nuestro día a día no deja de ser eso, un espacio vital, el espacio público; nuestro espacio público.

Si tengo que identificar un punto de partida diría que todo comenzó con el incauto fragor de la pasada campaña electoral. No hacía tanto que había regresado a “la isla” con una maleta llena de ropa económica y de calidad, mucho más fresca y adecuada para el día a día en pleno trópico que lo que suelen vestir los maniquíes en las vitrinas de los centros comerciales y los cuerpos de automovilistas que, a duras penas, caminan por las calles del país. Soñaba con la última tendencia en el reciclaje de espacios y estructuras que en otras ciudades salvan a toda costa porque no se pueden dar el lujo, como hacen por estos lares, de borrarlos del paisaje, el acervo cultural y la memoria colectiva. Lamentaba no poder participar del diseño de secciones de calles concebidas para el paso y el regodeo que no el padecimiento y la inmovilidad. Entonces, se anunciaba con bombos y platillos el cambio de “look” de la calle Loíza.

Como en la prensa se señalaba que el re-diseño de la Loíza respondía a los intereses de la comunidad, me lancé a buscar esa organización a la que sumarme con la esperanza de encontrar una oportunidad para aportar algo al barrio. Para mi sorpresa, sólo encontré una agrupación de comerciantes mermada por el desengaño. De más está decir que fue imposible corroborar que se hubiera llevado a cabo, como mínimo, algún proceso de consulta pública. Cinco meses más tarde se sabría que llegaría un cambio en la administración municipal de San Juan y casi un año después participaría en la incorporación de la Asociación de Residentes Machuchal Revive (ARMaR) para apoyar el desarrollo de Casa Taft 169 e intentar suplir la falta de esa organización comunitaria local.

Entre una cosa y otra, un grupo de vecin@s se dio a la tarea de organizar la primera Fiesta de la Calle Loíza. Fue, precisamente, en esa primera celebración que decidí incursionar en el “activismo urbanístico” que hoy ocupa la mayor parte de mi tiempo, colocando un cruza calle en el ciclone fence que rodea el llamado “adefesio” de la Loíza. Ya para la segunda edición de la Fiesta el sueño de crear un Centro Cívico autogestionado en una propiedad abandonada se había comenzado a materializar y era otro cantar. Habíamos participado de las reuniones de orientación para la actividad y –a pesar de que el Chikungunya se había apoderado dolorosamente de nuestros cuerpos y el barrio entero– trabajamos a destajo en una mesa que montamos bajo la carpa de organizaciones comunitarias.

El pasado 4 de octubre (2015) nos tocó volver a montar mesa en la Fiesta de la Calle Loíza para celebrar su tercera edición. La jornada comenzó para mí a las cinco de la mañana porque aún había que preparar hojas informativas, reunir materiales, etc. La experiencia me ha enseñado que se trata de una extraordinaria oportunidad para acercarnos a la gente, generar ingresos y convocar a la comunidad a participar y vincularse con el trabajo que hacemos pero sobre todo con el que deseamos hacer. Es un trabajo intenso pero feliz porque cada vez somos más los que nos reconocemos como miembros de la misma comunidad. Coincidir en la calle y abrazar a algunos de los que fueron mis estudiantes en la escuela Goyco, recibir el alivio de un sobito ungüentado en mi tobillo enfermo, poder ir a un baño cercanísimo en Casa Estrella, son muestras de esos lazos afectivos y de colaboración que hemos ido forjando desde el quehacer diario, la proximidad y la familiaridad.

El caso es que no ha sido necesaria una gran actuación urbanística de millones de dólares en diseño e infraestructura para resaltar el atractivo no sólo de la calle Loíza sino del sector Machuchal. En pocos años, iniciativas comunitarias, educativas y culturales de variado interés y alcance han puesto de manifiesto, para bien y para mal, las bondades de este pedacito de Santurce donde, de momento, parece no entrar en la ecuación aquello de proponer determinadas inversiones públicas. El meollo de la cuestión está en cómo conjugar atractivo, singularidad, comunidad, autogestión, iniciativa privada, mercado inmobiliario y mucho más, para resistir el temido quítate tú pa’ ponerme yo gentrificador que nos está arropando/desplazando a pasos agigantados. A estas alturas y dada la velocidad de algunos procesos, cada vez es más frecuente que la pregunta se cuele en las conversaciones entre vecinxs, amigxs y colaboradorxs. Más allá de debatir y asumir una postura crítica sobre lo que está pasando y sus efectos en nosotros, la comunidad y el carácter de nuestro barrio, vale la pena intentar actuar de forma unida y consistente con nuestras aspiraciones de bienestar colectivo. Digo yo, si es que queremos que la Fiesta siga siendo en plena calle y no en un “Boulevar”, en el corazón de Machuchal que no en el “Downtown Condado”.

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