Estimado Sr. Gil Enseñat:

Reciba un cordial saludo de mi parte. Como representante de una organización de base comunitaria dedicada a atender el problema de propiedades abandonadas en Puerto Rico no puedo más que unirme al esfuerzo ciudadano por aportar al Plan de Acción del Departamento de Vivienda (PA) en relación al Programa de Desarrollo Comunitario por Subsidio para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR). Como bien se señala en el documento y de acuerdo con lo suscrito por diversas organizaciones gremiales y organizaciones sin fines de lucro, tenemos como país una extraordinaria oportunidad para lograr reducir la vulnerabilidad de nuestra población y encaminar un redesarrollo sostenible mejorando las condiciones generales de habitabilidad en contraposición a asumir un limitado enfoque basado exclusivamente en satisfacer sólo algunas de las necesidades de vivienda en la Isla.

De acuerdo con el resumen de impacto, se estima que cerca de 1,067,618 propiedades se vieron afectadas tras el paso de los huracanes Irma y María. Esta cifra representa casi un 70% del total de 1,571,744 unidades de vivienda existentes en Puerto Rico de acuerdo con el estimado de comunidad del Censo de 2016. Dada la insuficiencia de datos, se infiere que ese universo representa una diversidad de situaciones que pueden incluir, entre otras, propiedades vacantes, ocupadas, adecuadamente construidas, pero inadecuadamente ubicadas, de débil construcción o una combinación de algunos de estos factores. Esto quiere decir que para poder ofrecer una respuesta verdaderamente adecuada es imprescindible trabajar sobre el terreo aplicando una metodología de trabajo comprensiva y colaborativa que permita elaborar alternativas y planes de desarrollo comunitario sensibles a la realidad histórica, humana y físico-espacial de cada comunidad; en particular aquellas que se vieron más profundamente afectadas.

Para nuestra satisfacción, los resultados del proceso de participación pública ratifican el trabajo que venimos haciendo y el gran interés ciudadano en que los fondos del CDBG-DR destinados a Proyectos de Vivienda, se inviertan en mejorar la condición del inventario de propiedades existentes. De la data ofrecida (PA, pág. 16), estimamos que cerca de un 15% del total de propuestas están dirigidas a que se financie el rescate y la reutilización de propiedades actualmente en desuso y, particularmente, aquellas en condición de estorbos públicos. Si al por ciento anterior se suman las propuestas dirigidas a la rehabilitación, mitigación y resiliencia de unidades ya construidas, el por ciento asciende a cerca de un 44.3% (frente a un 32.6 dirigido a la construcción de nuevos proyectos). Es decir que el deseo de la mayoría de los ciudadanos es que se aproveche este fondo extraordinario tanto para reducir la vulnerabilidad como para potenciar el inventario de propiedades existente. Esto representa una gran oportunidad para lograr no sólo la identificación de muchas propiedades sino su adecuada disposición, incluyendo la resolución de posibles problemas de titularidad.

Todo lo cual nos lleva a recomendar al Departamento de Vivienda subsanar en su PA la falta de evaluación de importantes implicaciones económicas y ambientales que se deben tomar en consideración en relación al manejo del inventario de propiedades existentes, sea cual sea el nivel de daño sufrido. Una de ellas se relaciona con los llamados “brownfields” o la más que probable presencia de materiales de difícil disposición en un buen número de estructuras, toda vez que se indica que más de un 40% del total de unidades de vivienda fueron construidas antes del 1979. Esta realidad puede elevar significativamente el costo económico y ambiental de optar por la demolición en vez del saneamiento y rehabilitación de propiedades. Mucho más si se tienen en cuenta diversos factores como: 1) el agotamiento de nuestros vertederos, 2) el hecho de que no se practica la alternativa de encapsular “in situ” materiales peligrosos y contaminantes, 3) la notable falta (contrario a Estados Unidos) de empresas locales que se dediquen al reciclaje de materiales de construcción y 4) que el país sigue ajeno a tendencias y alternativas más innovadoras, sostenibles y de mayor impacto económico como la Deconstrucción o la Adaptación de estructuras.

En la misma línea, entendemos que se debe subsanar la falta de consideración sobre el adecuado manejo del inventario de propiedades con valor histórico y/o arquitectónico toda vez que se trata de nuestro patrimonio edificado y un importante recurso para el desarrollo socioeconómico vinculado a la cultura, las artes y el turismo. Finalmente, nos parece que el PA debe incluir una referencia directa a figuras jurídicas alternativas como pueden ser los “Community Land Baks” y las Organizaciones de Desarrollo Comunitario (CLT, CDC, etc.). Estos organismos se pueden capitalizar y/o financiar con fondos del CDBG-DR y podrían jugar un rol importante en el manejo y adecuada disposición de propiedades que el mercado de bienes inmuebles es incapaz de absorber y devolver a un uso productivo (para distinguir lo que es el mercado de la vivienda de la realidad del problema habitacional) y, más aún, en la elaboración e implementación de planes de desarrollo comunitario y revitalización de centros urbanos que estén orientados a la creación de comunidades completas y sostenibles en Puerto Rico.

Atentamente,

Marina Moscoso Arabía

Coordinadora